La juez porteña Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cubra "de inmediato" las necesidades económicas de una madre y sus cuatro hijos en "situación de calle" por no poder pagar el alquiler del inmueble que ocupaban en el conurbano bonaerense, informaron fuentes judiciales.
De esta manera, la magistrada dispuso que la asistencia para cubrir la totalidad del monto del alquiler, 32.000 pesos mensuales, se brinde a través del "Programa Atención a Familias en Situación de Calle" o "mediante otros modos que estime aptos a dichos fines", hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa, pese a que actualmente la mujer reside en la provincia de Buenos Aires.
Este fallo responde la demanda de la mujer, asesorada por un defensor oficial porteño, que pidió la ampliación de un subsidio que se le había otorgado en la Capital Federal en julio de 2020, porque semanas atrás los dueños decidieron no renovar el contrato de locación del inmueble que con su grupo familiar ocupaba en la provincia de Buenos Aires.
Desde entonces, según se expuso en la demanda, la mujer y sus cuatro hijos (tres de ellos menores) pernoctan en la vereda de la calle Cruz Varela al 4.742, en la localidad de Gregorio de Laferrere, con el objeto de custodiar sus objetos personales.
En tanto, la defensoría aseguró haber conseguido un inmueble para albergar al grupo familiar, en Guidi de Franc al 100, en la localidad bonaerense de Banfield, "el cual cuenta con dos dormitorios, living, cocina-comedor, baño y jardín a un costo mensual de 32.000 pesos" pero ante falta de garantía, el locador exigía un pago semestral por adelantado.
"Considero que corresponde hacer sin más lugar a lo peticionado", indicó Liberatori tras evaluar la situación de "alta vulnerabilidad" de los demandantes, a quienes calificó como "un grupo familiar monomarental", ya que están a cargo de una mujer sola al cuidado de tres hijos menores en plena situación de calle.
Al fijar el plazo de 48 horas para que se cumpla la medida cautelar, la magistrada evaluó que existe "peligro" si se demora su cumplimiento "por el hecho irreversible de que la condición de vivienda de los amparistas se vea agravada por falta de la asistencia estatal que le es debida".
Y agregó; "Esta circunstancia torna evidencia la perspectiva de género que corresponde tener en cuenta en este caso", situación que está contemplada en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Teniendo en cuenta la suspensión de desalojos hasta el 31 enero próximo establecida por decretos de necesidad y urgencia 320/20 y 767/2020- para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19, Liberatori ordenó también notificar a los locadores del inmueble de la calle Cruz Varela, para hacerles saber que el pago del alquiler está garantizado con la intervención de la justicia.