Especialistas y legisladores se reunieron hoy en la comisión de Justicia para avanzar con el proyecto que fortalece al Registro Público de Alimentantes morosos. La ley 269 que regula el registro cumple 25 años por eso resulta necesario actualizarla.
Expusieron en la comisión: Florencia Freijoo - Lic en Ciencias Políticas, Julieta Izcurdia- Equipo juridico ELA, Agustin Ulanovsky - DG Asuntos Registrales, Carolina Barone - Subsecretaria de la Mujer y Hernan Najenson - Subsecretario de registro y Metodos alternativos de conflicto.
Inés Parry, presidenta de la Comisión de Justicia señaló que: “Siempre es bueno poner las cosas arriba de la mesa y trabajar con todos los espacios políticos de la legislatura y los actores que están involucrados en el tema. Estas modificaciones a la ley son una buena política pública que busca garantizar el efectivo acceso a la justicia. Se busca dotar al registro de mayores herramientas para que tenga una mirada restaurativa y no una barrera de acceso”.
Este proyecto responde a la preocupante realidad en la que se estima que 68% de progenitores elude el pago de la cuota alimentaria.
Actualmente, el Registro (RPAM) de deudores cuenta con apenas 2.841 inscriptos en la Ciudad y alrededor de 10.000 en todo el país. Por ello, esta iniciativa busca: validar la utilidad del RPAM, implementar nuevas medidas para incentivar el cumplimiento de estas obligaciones y profundizar las alianzas con el sector privado.
Cambios que se buscan incorporar
Entre las principales modificaciones propuestas, el proyecto establece la inscripción obligatoria de deudores alimentarios que adeuden dos cuotas consecutivas o alternadas en un año calendario.
Además, se introduce la obligatoriedad para instituciones financieras y públicas de consultar el Registro antes de otorgar créditos, renovar cuentas, o habilitar servicios a quienes se encuentren inscritos en el RPAM.
Incluye la realización de campañas de difusión y concientización sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos, así como la importancia del cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los adultos.
Asimismo, la nueva normativa propone restricciones más estrictas para los deudores alimentarios, incluyendo la imposibilidad de acceder a licencias de conducir, ser designados en cargos públicos o judiciales, y la exclusión de programas de vivienda social en caso de estar inscritos en la RPAM.
También se analiza la posibilidad de imponer restricciones para acceder a espectáculos deportivos y culturales.
Finalmente, se contempla la colaboración con entidades públicas y privadas, tanto a nivel nacional como provincial, para ampliar los efectos del Registro y garantizar que los deudores alimentarios enfrenten las consecuencias de su incumplimiento.