En los últimos tiempos, el Bajo Belgrano, ha sido el epicentro de una creciente controversia relacionada con la gestión urbanística del Gobierno de la Ciudad. Los miembros de la Asociación Vecinos del Bajo Belgrano vienen expresado su profunda preocupación ante acciones que, según ellos, contravienen el Código Urbanístico recientemente votado, dando lugar a una serie de habilitaciones y permisos de construcción que ponen en riesgo el orden y la calidad de vida en su comunidad.
Se debe recordar que el Código Urbanístico de la Ciudad es el resultado de un largo y arduo proceso de trabajo legislativo que involucró la participación activa de numerosos actores, incluyendo expertos en urbanismo, arquitectos, urbanistas y, sobre todo, los propios vecinos y vecinas.
Este robusto marco normativo fue diseñado con el objetivo de regular el crecimiento urbano de manera sostenible, garantizando el respeto por el entorno natural, la preservación de la identidad barrial y la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, desde la Asociación Amigos del Bajo Belgrano sostienen que las actuales políticas del gobierno han establecido un claro desdén hacia estas normativas, lo que se traduce en un escenario donde prevalecen intereses particulares sobre el bienestar colectivo.
Uno de los puntos críticos señalados por la Asociación es la irrupción de comercios en zonas donde no está permitido su funcionamiento, lo cual no solo infringe lo estipulado en el Código Urbanístico, sino que también trae consigo un impacto negativo en la cohesión social del barrio. La llegada de nuevas construcciones comerciales no reguladas altera el tejido social y provoca un disenso entre los residentes, quienes ven cómo su entorno se transforma de manera drástica y muchas veces irreversible. Las quejas no se limitan solo a la construcción de comercios; también incluyen edificaciones que contradicen los parámetros de altura, densidad y uso del suelo establecidos por las normas.
De acuerdo con las declaraciones de los vecinos, el proceso por el cual se otorgan estas habilitaciones es opaco y se realiza “a espaldas de los vecinos”. Esto ha suscitado una creciente desconfianza con vecinos que se sienten marginados en un proceso que debería ser transparente y participativo, lo que despierta inquietudes acerca de la posible existencia de “acuerdos” entre desarrolladores inmobiliarios y funcionarios que operan en detrimento de los intereses comunitarios.
Frente a esta situación, la Asociación Vecinos del Bajo Belgrano ha tomado la iniciativa de auto convocarse en defensa de su derecho a un “barrio ordenado y habitable”. Este llamado se inscribe dentro de un contexto más amplio de movilización ciudadana que busca frenar el avance de quienes intentan imponer un modelo de desarrollo basado en la especulación inmobiliaria, sacrificando con ello los valores comunitarios, la historia del barrio y la calidad ambiental.
El derecho a participar en decisiones que afectan la vida cotidiana de sus habitantes es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática; por lo tanto, el reclamo de los vecinos no solo es legítimo, sino que resulta crucial para la preservación de su identidad y de su entorno.
Además, es importante señalar que el crecimiento urbano desmedido no solo impacta en las comunidades afectadas, sino que también conlleva implicaciones a nivel metropolitano. Las políticas urbanas que desatienden el respeto por el marco normativo pueden resultar en problemas de infraestructura, accesibilidad, movilidad y servicios públicos, exacerbando así desigualdades existentes en la ciudad.
La lucha de los vecinos por un desarrollo que se atenga a las regulaciones vigentes es, por ende, una defensa no solo de sus intereses inmediatos, sino de una forma de vida que deberían poder disfrutar todos los habitantes de Buenos Aires.
En conclusión, la situación que atraviesa el Bajo Belgrano es un claro reflejo de las tensiones que emergen en torno a la gestión urbanística en contextos urbanos complejos.
La defensa activa de los derechos vecinales frente a prácticas que suelen ser arbitrarias y poco transparentes es fundamental para la construcción de una ciudad más justa y equitativa.
La Asociación Vecinos del Bajo Belgrano, al alzar su voz en pos de un barrio ordenado y habitable, se erige como un ejemplo de la capacidad de la ciudadanía para organizarse y reclamar sus derechos frente a un Estado que, en ocasiones, parece olvidar su responsabilidad de velar por el bien común.