En 2005, por mandato judicial, la Legislatura porteña sancionó la Ley 1.777, una norma que impulsó la descentralización administrativa y política de la Ciudad, articulando la gestión local a través de 15 comunas.
Hoy, dos décadas después, esta experiencia de cercanía entre el Gobierno y la ciudadanía ha dejado una trayectoria marcada por avances significativos y, a la vez, deudas estructurales que siguen condicionando su capacidad de acción.
Hay que recordar que el marco normativo que promovió la creación de las 15 comunas tuvo como objetivo central delegar la toma de decisiones a nivel barrial, ampliando la participación ciudadana y haciendo más ágil la respuesta ante problemáticas cotidianas.
Así las cosas, las comunas hoy tienen competencias en áreas como limpieza, mantenimiento de espacios públicos, gestión de proyectos barriales y ciertas decisiones de inversión de carácter local. Sin embargo, operan dentro de un marco más amplio de coordinación con el gobierno central de la Ciudad.
Entre los avances, mayoritariamente se reconoce, el estar ante canales con mayor prontitud a problemáticas vecinales, con multiplicación de los mecanismos de consulta y, en algunas oportunidades, la incidencia directa en decisiones locales de los vecinos y vecinas, a través de los Consejos Consultivos Comunales (CCC).
La diversidad de experiencias es otra característica: las comunas muestran trayectorias heterogéneas; algunas han consolidado capacidades técnicas y administrativas que les permiten planificar y ejecutar proyectos con mayor eficiencia, mientras otras enfrentan limitaciones de gestión y recursos.
Se puede decir que una crítica central es la restricción de recursos para financiar proyectos comunales, fijado en la autarquía presupuestaria de la Ley 1.777, que no ha sido cumplida por el Ejecutivo a lo largo de estos 20 años.
De esta manera, estas dos décadas de la norma muestra que la ejecución de obras y la asignación de fondos a nivel comunal no son administradas por las diferentes Juntas Comunales, hiriendo de gravedad toda pretensión de autonomía.
Esto tiene consecuencia directa en el rol de los CCC, para realizar auditorías de los gastos, rendición de cuentas y mecanismos de fiscalización real, a fin de consolidar la participación vecinal, tal lo dispuesto en la Ley 1.777.
Este martes, en la Legislatura porteña, se desarrollará una jornada festiva y de reflexión sobre la vigencia de la Ley de Comunas, en sus 20 años, con la participación de diferentes comuneros y comuneras, sumándose la presencia de vecinos y vecinas agrupados en distintos CCC. Un momento oportuno para tomar real dimensión de las cuestiones pendientes de una norma vino a descentralizar la administración estatal, sin lograr su vigencia plena.
