La justicia porteña ordenó a la Ciudad de Buenos Aires implementar "un canal de denuncias accesible, específico y eficaz" para que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad o sus familias puedan reclamar cuando una escuela privada se niegue a matricularlos o rematricularlos, una práctica "sistemática y generalizada" que vulnera el derecho a la educación inclusiva consagrado por legislación nacional e internacional, informaron fuentes judiciales.
La medida cautelar dispuesta por el Juzgado Nº 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario en el marco de la acción de amparo colectivo interpuesta en septiembre del año pasado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), indica -además- la adopción de medidas para la difusión de este derecho en los sitios web y las carteleras del Ministerio de Educación y de los centros educativos en cuestión.
En su fallo, la jueza Patricia López Vergara sostuvo que las autoridades públicas deben "asumir un rol activo y proactivo en la implementación de medidas para contrarrestar actos de discriminación vinculados con arraigados prejuicios de toda índole".
Este estado de situación cobró notoriedad pública el año pasado cuando el periodista Mauro Szeta denunció que, faltando dos días para el inicio de clases, una escuela privada se negó a aceptar a su nieto Luca, por entonces de 6 años y recién diagnosticado con un trastorno del espectro autista (TEA), quien finalmente consiguió vacante en otra institución.
"Me parece muy importante que la gente tenga un canal de denuncias cuando hay claros casos de discriminación en colegios que dicen ser inclusivos, integradores y cool, pero cuando llegás con un chico con discapacidad, automáticamente te lo bochan. Hay que auditar, controlar y obligarlos a que repiensen su forma de abordaje", dijo Szeta en apoyo a esta resolución, aunque no fue parte de la demanda colectiva.
"Desde ACIJ y con asesoramiento de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la UBA presentamos este amparo colectivo a partir de haber identificado una práctica sistemática de rechazo a la matriculación de niñas y niños por motivos de discapacidad en escuelas privadas", dijo Dominique Steinbrecher, de ACIJ.
Esta abogada del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación explicó que estas negativas se fundan en "diferentes argumentos que sólo encuentran fundamento en motivos discriminatorios basados en la discapacidad".
La letrada explicó que las familias llegan a "recorrer 30 ó 40 escuelas" donde "les dicen 'no tenemos vacante', o 'en esta escuela no se hace inclusión' o 'esta no es la escuela para tu hija o hijo'".
Y agregó que estas actitudes se enmarcan en un omisión del Gobierno porteño "de controlar que estas prácticas no sucedan y sancionarlas, ya que son contrarias al derecho a la educación inclusiva consagrada en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que Argentina ratificó", dijo.
Dado que este rechazo por motivos discriminatorios no sólo se da al momento del ingreso a una escuela, sino también con la rematriculación, "existe una incertidumbre sobre su escolaridad" que persiste durante toda la trayectoria educativa.
Steinbrecher explicó que si la demanda se focalizó en las escuelas privadas, no es porque en las públicas haya siempre inclusión plena sino porque en las primeras hay "una discrecionalidad y falta de control" que "no es tan evidente" en las estatales, para las cuales rige el sistema de inscripción online.
Y tiene por destinatario al Ministerio de Educación porteño y la Dirección General de Educación de Gestión Privada porque "tienen a su cargo el control, monitoreo, seguimiento y sanción de las instituciones".
La Ciudad -que no respondió a la consulta periodística de esta agencia- "ya apeló" el fallo, pero como "la cautelar se concedió sin efecto suspendido, debería presentar las propuestas en el tiempo estipulado", que es "de 15 días para el canal de denuncias y 20 días para las medidas de difusión".