Un plenario de comisiones de la Legislatura de la Ciudad emitió un dictamen, con apoyo del bloque oficialista porteño, para la conformación de oficinas dentro de los tres poderes del Estado que controlen a los funcionarios públicos en la prevención de actos de corrupción y con la posibilidad de denunciarlos ante la Justicia en caso de delito.
El expediente aprobado durante la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General, no obstante fue objetado por diputados del bloque del Frente de Todos (FdT), que señalaron que se dejó de lado la propuesta de crear una única Oficina Anticorrupción dedicada a regular la función pública.
Al respecto, el legislador del FdT Santiago Roberto sostuvo que "los diputados del PRO no tomaron ninguna de las propuestas de nuestro bloque para crear una Oficina Anticorrupción".
"Dieron dictamen a su proyecto de Régimen de Integridad Pública que no es una oficina independiente del poder de turno ya que la persona a cargo será nombrada por el jefe de Gobierno", dijo y observó que "esta iniciativa se centra meramente en el armado de oficinas administrativas, que de hecho ya existen".
Por su parte, la legisladora de Vamos Juntos Cecilia Ferrero precisó que el dictamen del oficialismo modifica la ley de Ética Pública de la Ciudad, del 2013, ya que aquella legislación "ha quedado corta en relación con los estándares internacionales”.
Para ello, se acordó la conformación de una Oficina de Integridad Pública en cada uno de los tres poderes, “las que actuarían como autoridades de aplicación y cumplirían un rol estratégico de prevención”.
Las oficinas trabajarán "sobre los principios y deberes éticos, las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses y la aplicación de sanciones por incumplimiento de los deberes”.