Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron hoy que el Gobierno porteño incumplió acuerdos sobre las políticas públicas destinadas a las personas en situación de calle y avanza en un censo sin la participación de organizaciones e instituciones que trabajan con esa población.
La denuncia fue realizada en un comunicado que lleva las firmas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); "Proyecto 7", que trabaja con personas en situación de calle; el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); y el Movimiento Popular Nuestramérica.
Las organizaciones firmantes expresaron su rechazo respecto a la realización de un nuevo censo de personas en situación de calle que "subregistra a la población, evita recolectar datos cualitativos de minorías específicas y no atiende las recomendaciones realizadas incumpliendo el acuerdo logrado el año pasado".
El documento recuerda que el 23 de diciembre de 2020 se había firmado un acuerdo para conformar una mesa de trabajo, integrada por organizaciones, organismos públicos de defensa y agencias de gobierno que abordan la temática en la Ciudad, para desarrollar en conjunto la metodología e implementación del censo anual dispuesto por la ley 3706/11 y para diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle.
Las organizaciones subrayaron que en ese momento, consideraron que "avanzar con la mesa era un paso importante para revertir la invisibilización de miles de personas en la información oficial, que fue lo que en 2017 llevó a la realización del Primer Censo Popular, tras el fallido intento de que el Gobierno porteño corrigiera su metodología de conteo".
Las organizaciones recordaron que en el 2019 se volvió a realizar el censo popular, que registró a más de 7000 personas viviendo en situación de calle.
"Los conteos que realizó el Gobierno de la Ciudad hasta el presente subregistraban a quienes efectivamente estaban en situación de calle, obviaban la población en centros de integración y dejaban de lado cualquier análisis cualitativo que pudiera servir para el diseño de las políticas integrales dispuestas desde hace una década en la Ley 3706", añadieron.
El texto enfatiza: "Consideramos que el Ministerio ha incumplido con lo acordado en diciembre de 2020, obstaculizando la participación, y por ende la incidencia, de los integrantes de la mesa de trabajo en el diseño de los instrumentos metodológicos, y decidiendo de manera unilateral la fecha y los términos en los que el censo de personas de situación de calle se llevará a cabo en el 2021".
Las organizaciones se comprometieron a seguir trabajando para generar datos que "reflejen fielmente la realidad y sirvan para diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle".