La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que incremente la ayuda que le brinda a una madre de tres menores de edad, víctima de violencia de género, para que pueda pagar el alquiler mensual de una "vivienda digna".
Según fuentes judiciales, por mayoría de dos votos a uno, la “Sala de Feria” de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario habilitó el receso invernal y revocó, reemplazándola por otra, la medida cautelar dictada en primera instancia que la mujer, M.G.Y.B. apeló por considerarla “insuficiente”.
La Asesoría Tutelar, que también presentó un recurso, sostuvo por su parte que la medida cautelar dictada en primera instancia limitaba, hasta casi anularlo, "el derecho de sus representados, en situación de vulnerabilidad, a cubrir su necesidad habitacional".
La Sala de Feria de la Cámara recordó que el derecho a una “vivienda digna” y a un “hábitat adecuado” están contemplados en la Constitución Nacional y en la de la Ciudad de Buenos Aires.
El tribunal evaluó que M.G.Y.B. “está sola a cargo de sus tres hijos” de 11, 10 y un año de edad y que residen en un departamento en esta capital por el que pagan 23.000 pesos por mes de alquiler.
La mujer sostuvo que no puede cubrir ese importe porque está desempleada y que la asistencia recibida más las sumas que percibe en concepto de “Programa de Atención de Familias en Situación de Calle” y “Ciudadanía Porteña” no alcanzan para el canon locativo.
Al promover la acción de amparo, la demandante afirmó que había padecido violencia de género, psicológica, física, sexual y económica y que el riesgo no había cesado, por lo que formuló una denuncia contra J.A.C.G., por “violencia familiar”, que tramita en un juzgado civil.
La mayoría de la Sala de Feria concluyó que, por “las circunstancias descriptas”, correspondía “modificar el monto del subsidio otorgado en primera instancia y ordenar al Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat que adopte los recaudos necesarios para que se provea los fondos suficientes para cubrir la totalidad del canon locativo”.
El voto que prevaleció fue firmado por los camaristas Hugo Ricardo Zuleta y Horacio Aníbal Corti, en tanto que Mariana Díaz, en disidencia, se pronunció por la admisión “parcial” de lo pretendido.